El panorama político español está cargado de incertidumbre. La aprobación del plan Ibarretxe por el Parlamento Vasco es un órdago al Estado. No tanto porque lo que pretende el gobierno de Vitoria no pueda considerarse y debatirse sino porque se pretende implementar una decisión adoptada por la mayoría de diputados vascos al margen de lo que establezca la Constitución de la que emanan las instituciones de todas las autonomías del Estado.
Dentro de cuatro meses se celebrarán elecciones en el País Vasco. Antes de que termine el año los gallegos acudirán a las urnas. En Catalunya se está trabajando para la elaboración de un nuevo estatuto que tendrá en cualquier caso que ser refrendado por el Congreso de los Diputados en Madrid. El año se presenta políticamente complicado.
El primer envite lo tiene el gobierno Zapatero para responder a la decisión del Parlamento Vasco que ha aprobado un plan con el apoyo de los diputados que son el brazo político de ETA. El presidente Zapatero va a recibir al lehendakari Ibarretxe para decirle que su plan no va a ser aprobado ni por los socialistas ni, por supuesto, por los populares.
Dos trenes marchan hacia un choque institucional. No es cuestión de legalidad ni de acatamiento a la Constitución. Es cuestión de voluntad política. El nacionalismo vasco ha decidido unilateralmente una fórmula para convivir en España como un país asociado. Es difícil que pueda prosperar esta fórmula al margen de un ordenamiento jurídico superior que la haga viable. La cuerda se ha tensado de tal manera que será difícil llegar a un acuerdo aceptable por todas las partes.
Después del País Vasco viene Catalunya que está intentado una reforma estatutaria en el marco de la Constitución. Mucho me temo que la experiencia vasca vaya a malograr los intentos razonables del gobierno tripartido de Maragall para obtener un estatuto que pueda convivir con la realidad política española.
La aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento Vasco, con la participación indispensable del brazo político de ETA, va a perjudicar los intentos de los que pretenden adecuar los estatutos a la ambición de nacionalistas y catalanistas en Catalunya.
La España de las autonomías que arranca de la Constitución de 1978 ha sido un éxito prodigioso. El país en su totalidad ha vivido en paz, ha progresado y ha encontrado una fórmula muy buena de proximidad entre los gobernantes y los gobernados. Pero se ha querido cambiar esta fórmula para que las distintas sensibilidades de los nacionalistas pudieran sentirse cómodas en España.
Desde la centralidad de Madrid se viene a decir que no se pueden ceder más competencias a las autonomías, de forma especial al País Vasco y Catalunya donde los sectores nacionalistas manifiestan su incomodidad dentro de las instituciones del Estado previstas en la Constitución.
El gobierno Zapatero hace bien en recibir a Ibarretxe aunque sea para decirle que su plan es imposible. ¿Cuál será la reacción del lehendakari? Esta es la cuestión. Si decide someter el plan a referéndum en el País Vasco, al margen de lo que establece la Constitución, tenemos un problema muy serio que no se resolverá con diálogo ni con negociaciones. Con lo bien que iba todo.