Dice el lehendakari Ibarretxe que la aprobación de su plan tiene toda la legitimidad porque responde a la voluntad de la mayoría de los vascos representados en el parlamento de Vitoria. Ante la legalidad de la Constitución está la legitimidad de las urnas. Visto con estos parámetros el razonamiento es impecable.
Pero el principio de legitimidad no ha caído del cielo para ser sometido a una votación y convertirse en ley suprema. La legitimidad no nace de un gobierno que presenta una alternativa política. Es una noción más compleja que es depositaria de leyes anteriores, de tradiciones que pueden parecer anacrónicas pero que conservan un sentido profundo.
Los ingleses supieron hacer revoluciones que no atacaron el principio de legitimidad. Pasaron por una revolución industrial, no se sumaron a las corrientes que nacieron con la Revolución Francesa, conservaron la monarquía otorgándole un poder protocolario, hicieron guerras y las ganaron, respetaron los derechos de los ciudadanos y hoy continúan siendo una democracia envidiable.
Lucharon en solitario durante dos años para neutralizar la ofensiva de Hitler y pusieron en marcha una coalición que acabó derrotando el nazismo. El general de Gaulle dice en sus memorias que ”sin los ingleses, no habría habido una Francia libre, ni una Europa libre ni un mundo libre. Sin ellos, no habría habido ni tan solo un general De Gaulle liberador”.
Y han hecho todo este recorrido sin una Constitución escrita, han encontrado fórmulas para dotar de autogobierno a Irlanda del Norte, Gales y Escocia, han perdido un imperio y la habilidad de sus clases dirigentes han hecho posible que Gran Bretaña sea hoy todavía una potencia media que cuenta en el mundo.
¿Dónde está la legitimidad de la política británica? En sus leyes no escritas, en el Parlamento, en las tradiciones y costumbres que han trazado un conjunto de reglas que son precisamente el principio de legitimidad. Un principio que no lo inventó Churchill, Gladstone o Palmerston. Es un consenso que nace de una forma de entender las relaciones entre los gobernantes y los gobernados.
La legitimidad que entiende Ibarretxe no es muy sólida si se deriva de una decisión de un gobierno determinado que, además, no cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad vasca. La legitimidad del estatuto vasco viene de la Constitución que ordenaba jurídicamente todo el territorio español que otorgó la autonomía a los vascos, catalanes, valencianos, andaluces y el resto de comunidades.
Por mucho que se empeñe el lehendakari Ibarretxe no hay precedentes de soberanía vasca al margen del estado español. La legitimidad no puede venir de su decisión de someter a votación un plan que rompe un criterio que tiene raíces ancestrales.
Soy de la opinión de que Ibarretxe explique su plan al presidente Zapatero. Hablando se puede entender la gente. Pero hablando bajo unas coordenadas que tengan su correspondiente ropaje histórico y jurídico. Si a estas consideraciones se añade que el plan del lehendakari ha sido aprobado gracias a los votos calculados de un partido que está inspirado por ETA, es difícil dialogar y mucho menos negociar sobre un tema que no sólo afecta a los vascos sino que tendrá consecuencias en todo el ordenamiento político de España y de todas sus autonomías.
