La primera víctima de la lucha contra el terrorismo no puede ser la libertad ni la democracia. Los cinco disparos de la policía británica en la cabeza de un joven brasileño sospechoso de ser terrorista son inadmisibles. Ya puede decir Tony Blair que fue un error lamentable y que Scotland Yard tiene facultades para disparar contra todo lo que se mueva si tiene la sospecha de que es terrorista.
Decía un viejo corresponsal de guerra que la primera víctima de un confloicto es siempre la verdad. En esta guerra contra el terrorismo no se puede inmolar la libertad, aunque sea en pequeñas dosis, en el altar de la seguridad colectiva.
Se necesitaron varios siglos para llegar a la conclusión de que el Estado debía tener el monopolio de la violencia. Para evitar que nadie pudiera utilizarla a su antojo. El Estado la ejercería de acuerdo con las leyes de las que es el encargado de hacerlas cumplir de acuerdo a derecho.
La policía no está autorizada a tirar a matar ni disparar contra sospechosos. Y si existe una ley que lo permita hay que cambiarla. La grandeza de la democracia es precisamente la que hace que muertes como las del joven brasileño en Londres no pasen sin ser perseguidas y castigadas.
Vivimos tiempos en los que en el debate entre la seguridad y libertad se pretende dar prioridad a la seguridad. Hemos comprobado esta pérdida de libertades desde los atentados del 11 de setiembre en Nueva York.
La libertad no es una moneda de cambio. Es la base indiscutible, intocable, que permite precisamente cualquier debate en una sociedad. Son los gobiernos y las leyes las que tienen que garantizar la seguridad sin recortar libertades. Es como decir que seamos nosotros mismos quienes tengamos que garantizar que no haya violencia.
Se pueden y seguramente se deben aceptar medidas que faciliten la labor de la policía para perseguir a los delincuentes y a los terroristas. Pero disparar cinco tiros en la cabeza de un sospechoso es más que un error. Es un asesinato cometido a sangre fría por la policía. Y la democracia tiene recursos para actuar judicialmente contra el autor o autores.
