Se olvida con frecuencia que el Ministerio del Interior es por encima de todo el ministerio de las libertades en mayúscula. Tiene que garantizar la libertad de reunión, la libertad de manifetación, la libertad electoral, la libertad de asociación, la libertad de circulación, las libertades locales y también la libertad de culto.
Antonio Maura, ministro de la Gobernación en tiempos de Alfonso XIII, afirmaba sin rubor que España es una cuestión de orden público. Entendía aquel político conservador que los problemas de nuestro país debían resolverse a través de su ministerio porque era el que más y mejor podía aplicar la represión.
El orden en una sociedad es imprescindible para vivir en libertad. «L’ordre, et l’ordre seul peu garantir la liberté», decía Charles Péguy. Pero el orden tiene que proteger las libertades de todos, de las mayorías pero también de las minorías.
En nombre de una libertad no se puede borrar la de los demás. Ni siquiera la de una sola persona. Quienes contemplan como un mal menor el hecho de que la policía cometa un error tan garrafal como el pegar ocho tiros en la cabeza de un sospechoso, han de saber que cuando las fuerzas del orden actúan así lo que están haciendo es poner en peligro la libertad de todos.
Esta teoría no equivale a afirmar que los policías que dispararon a matar son más culpables que los terroristas que perpetraron la muerte de docenas de personas. De lo que se trata es de que el Estado no tiene licencia para matar. Es el que tiene la facultad y la obligación de defender a todos los ciudadanos siempre con la ley en la mano.
A los terroristas se les persigue, se les captura si no han muerto en una acción suicida, y se les lleva a los tribunales. La policía democrática ha de disponer de información para dar con ellos y entregarlos a los jueces.
Es mucho mejor que sea así para el bien de todos.
