Parece como si los que han pasado por el amargo trance de perder a alguien próximo por el zarpazo del terrorismo puedan calificarse en razón de la organización a la que se han afiliado, por su militancia política, por el territorio al que pertenecen o por si las víctimas eran civiles o militares, conocidas o anónimas.
Me duele la instrumentalización del dolor físico o moral que todos experimentamos a lo largo de nuestra existencia. Barrunto sospechas cuando veo que las víctimas son utilizadas políticamente, encabezan manifestaciones selectivas y piden decisiones de gobierno que afecten a sólo una parte de las víctimas del terror.
La perversidad del terrorismo no se mide por el número de víctimas sino por utilizar los asesinatos para hacer política y combatir violentamente las instituciones de un estado democrático y de derecho.
El Estado tiene que ayudar y mimar a quienes sufren el dolor de una muerte de un ser próximo y también a quienes hayan perdido facultades como consecuencia de la violencia que tiene un origen y justificación políticas.
Para defender los derechos de familiares que han perdido la vida en accidentes de tráfico o en cualquier otra desgraciada contingencia, existen leyes civiles y penales para exigir sus legítimos derechos y pedir las responsabilidades derivadas de cada caso.Las víctimas del terrorismo recurren al Estado que debe preocuparse de resarcir proporcionalmente el daño recibido en acciones violentas que iban contra la misma estructura de las instituciones del estado y de las que ellos han sido los principales perjudicados.
Todos los gobiernos desde que ETA ha sacrificado absurdamente a tantos inocentes han hecho lo que han considerado necesario para paliar el daño causado a los familiares de las víctimas. Con aciertos y con errores.
El Estado asume esta responsabilidad como no podría ser de otra manera. Pero las víctimas del terrorismo no pueden determinar, porque no tienen esta legitimidad, qué políticas deben seguir los gobiernos para combatir el terrorismo que puede venir.
Conozco a hermanos, hijas e hijos, esposas y maridos de asesinados por ETA que comparten el dolor de los que se encuentran en semejante y doloroso trance pero que no convierten esta pena en una bandera política para obligar a un gobierno democrático a que formule la estrategia que sirva mejor al bien común que no es otro que evitar que la violencia política actúe impunemente.
No hay víctimas más perjudicadas que otras. Todas merecen el mismo respeto y siempre la ayuda del Estado para paliar su dolor por la pérdida de personas cercanas. Instrumentalizar este dolor me parece una politización innecesaria. Al fin y al cabo, todos somos víctimas de la subversión de del orden establecido a través de la violencia.
