En una sentencia que reequilibra los poderes en el sistema norteamericano, el Tribunal Supremo ha establecido que los tribunales militares creados por la administración Bush para juzgar a los sospechosos terroristas en Guantánamo violan las leyes militares de Estados Unidos y también las Convenciones de Ginebra.
El razonamiento del Tribunal Supremo se basa en que la querella presentada por Salim Ahmed Hamdan, que fue chófer de Osama bin Laden, contra el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, es correcta porque un sospechoso no puede ser juzgado por delitos de conspiración dado que la jurisdicción militar internacional establece que las acusaciones deben hacerse sobre actos específicos y no sobre supuestas conspiraciones.
El Tribunal Supremo desautoriza la existencia de la cárcel Guantánamo donde varios centenares de sospechosos de terrorismo mal viven sin garantías jurídicas en un territorio controlado por Estados Unidos pero que se encuentra en la isla de Cuba.
La reacción a los atentados del 11 de septiembre fue muy drástica y comprensible. Ningún presidente desde Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial había dispuesto de tantos poderes para combatir a un enemigo que en este caso no está localizado ni siquiera identificado.
Pero como la guerra de Iraq está en un punto en el que no se observa avances políticos o militares, las facultades otorgadas al presidente empiezan a ser cuestionadas. La sentencia del Tribunal Supremo es un aviso serio a Bush y una demostración de que Estados Unidos sigue siendo un país donde la fuerza de la ley es independiente y no está sometida al poder ejecutivo.
La sentencia tiene un carácter simbólico que será interpretado positivamente en el mundo musulmán donde la credibilidad de Estados Unidos ha sufrido un gran retroceso como consecuencia de la política militar de Bush en Oriente Medio.
Siempre he sostenido que Bush no cambiará el curso de su política porque los europeos critiquemos su gestión de la guerra, sino porque desde el interior de Estados Unidos se va a poner cada vez más en cuarentena su idea de expandir la democracia en Oriente Medio con la fuerza de sus ejércitos.
Los vuelos de la CIA por media Europa transportando sospechosos a lugares secretos para ser interrogados, las fotografías de los abusos cometidos en la cárcel de Abu Ghraib, la detención por tiempo indefinido en Guantánamo, han dañado la credibilidad moral de Estados Unidos en el mundo por la forma y los métodos que ha utilizado para combatir el terrorismo.
Los sospechosos detenidos en Guantánamo tendrán que ser juzgado por tribunales ordinarios en los que se contemplen las consideraciones relativas a los tiempos de guerra. Pero el Tribunal Supremo dice algo más interesante: las Convenciones de Ginebra, que tratan sobre el trato a los prisioneros de guerra, tienen que ser tenidas en cuenta por Estados Unidos que las ha ignorado desde que empezó la guerra de Iraq.
El presidente Bush ha reaccionado diciendo que acudirá al Congreso para ver qué posibilidades legales existen para esquivar la sentencia del Tribunal Supremo. Lo puede hacer pero será difícil que tenga capacidad de maniobra para actuar al margen de la sentencia de la máxima autoridad jurídica de Estados Unidos.
Encarcelar a cientos de sospechosos de terrorismo de forma indefinida sin prestarles las garantías jurídicas que establece el Tribunal Supremo y las Convenciones de Ginebra será difícil mantenerlo.
Una guerra que empezó saltándose a la torera la ley internacional, irónicamente, va derivando hacia las decisiones de la justicia que obligan a la administración a tenerlas en cuenta. No es una casualidad que Estados Unidos hayan vivido más de doscientos años sin una dictadura. Me parece que sólo Suecia y Gran Bretaña pueden presumir de lo mismo.
En buena parte se debe a que la ley está por encima incluso de los gobiernos de turno por muy poderosos que sean.
