El mapa de la corrupción urbanística peninsular salpica a todos los partidos y se concentra naturalmente en aquellos territorios donde la construcción ha transformado los paisajes enriqueciendo a un buen puñado de listos que se aprovecharon de la connivencia con las autoridades locales para amasar fortunas que ahora muestran su fragilidad al estallar la crisis inmobiliaria arrastrando entidades financieras y enviando al paro a miles de trabajadores.
El presidente Zapatero alardeaba del superávit que nos protegía de cualquier eventualidad catastrófica y ahora se dedica a desmentir al presidente del Banco Central Europeo y al gobernador del Banco de España pidiéndoles, además, que no se dediquen a sembrar el alarmismo. Los alarmados somos muchos observadores que no entendemos por qué se niega el problema introduciendo palabras y eufemismos que la gente no entiende.
Leo en la prensa que desde la “Operación Malaya” descubierta en Marbella en 2006, nueve alcaldes de todos los signos políticos han acabado entre rejas durante el ejercicio de su mandato. Los especuladores del sector privado existen, han existido y existirán siempre. Pero casi en la misma proporción conviven con los prevaricadores locales, con el rango de funcionarios, concejales, alcaldes o altos cargos públicos.
Vale la pena detenerse en el mapa español. Andalucía es la comunidad más contaminada por la corrupción urbanística. En su mayoría las fechorías se han perpetrado en ayuntamientos socialistas. Sólo se salvan las provincias de Huelva y Jaén. Murcia y Alicante están entre los territorios más altamente corruptos.
La mayor densidad de corruptelas urbanísticas hay que buscarla en Las Palmas de Gran Canaria, todas ellas con ayuntamientos populares. En Mallorca y Menorca hay casos que afectan a los dos grandes partidos. La comunidad de Madrid y sus alrededores en las dos Castillas han cosechado también cotas altas de corrupción. Aragón, Navarrra, País Vasco, Cantabria, Asturias y Extremadura no constan en el mapa actual de las corrupciones del ladrillo. Catalunya cuenta con casos en Salou y Tarragona.
Los corruptos civiles necesitan el concurso de los prevaricadores públicos. Ha existido un gran flujo entre estos dos sectores en muchas partes del país. No es un caso aislado sino una práctica que está asumida por el sistema.
Está muy bien que los jueces detengan por decenas a los servidores públicos sospechosos y a los pillos que se han lucrado con prácticas oscuras. Sugiero que ahora que el gobierno nos anuncia todo tipo de leyes para cambiar a la sociedad española, hicieran un esfuerzo para legislar también sobre los representantes públicos que con tanta frecuencia y en demasiados sitios no dan muestras de querer cambiar sus conductas.
Lluís, felicitats.
///ENRIC///
Lo mismo digo, muchas felicidades.
Sr Foix: en medio de tantas crisis, desaceleraciones, corrupciones y tsunamis varios, es un placer-un año más- felicitarle,hoy, en el dia de su santo.Que por muchos años lo podamos celebrar!.Un saludo
Lluís, por lo que veo la crisis no afecta a la corrupción.
///ENRIC///
No esngañan como quieren, hacen una redada cada equis tiempo y nos dicen que combaten la corrupción, pero todos sabemos que eso es el chocolate del loro, la corrupción campa a sus anchas, hace falta una limpieza a fondo. Pero,¿ quién hará esa limpieza…?.¿ Quién tiene las manos limpias para hacerlo…?
Totalment d'acord
crec que una possible solució (però no la única) és obligar als càrrecs públics a declarar els bèns abans i després del càrrec, igual que la seva familia.
Veuriem com els sous són encara més alts que els que ja sospitem.
Amb casos com aquests, no m'extranya que tanta gent desconfï de la classe política, i no és per menys.
Bon dia Sr.Foix,
mireia
Sr.Foix: A este paso de corrupción que vamos no creo que ningún alcalde se quiera casar por lo civil…En cuanto pisan un juzgado acaban en la cárcel.
Desde hace ya demasiado tiempo la política española (y también la catalana) ha abandonado el sentido ético. Cada vez los políticos se preocupan menos de cubrir las apariencias, cada vez ven más aceptable confesar públicamente que "están en la política para forrarse". Véanse los recientes fichajes de políticos por grandes empresas.
Lo de las apariencias se resuelve con mascaradas como el Ministerio para la Igualdad.
Y como la población se ha resignado a que todos los políticos (y las políticas, señora Aído) son iguales, no hay castigo para los infractores.
Mal vamos. Muy mal.
Saludos.