Ha desaparecido el debate social

La huelga de médicos de 2018 puso de relieve las carencias que tiene la sanidad pública.

Visité hace unos días a un familiar en un hospital de referencia de Barcelona. Compartía la habitación con una persona joven recién llegada de un país oriental. Cruzamos unas palabras en inglés y me comentó que pronto le darían el alta y que tenía ganas de ir a vivir con un pariente suyo para enseguida intentar conseguir un trabajo. Me dijo que le habían tratado bien en el hospital.

Salí satisfecho y al mismo tiempo preocupado. Lo primero porque una sociedad con capacidad de acoger a un recién venido como si fuera un nacional en una cuestión tan básica como la sanidad es un avance social de grandes dimensiones. Recordé a Ernest Lluch, que hace 33 años impulsó la ley general de Sanidad, que en sus desarrollos posteriores haría posible que todas las personas pudieran ser atendidas médicamente independientemente de sus circunstancias personales.

El Estado de bienestar no es un concepto recurrente utilizado por los partidos y por los gobiernos en vísperas de una campaña electoral. Es una realidad que beneficia a millones de personas que entran y salen de los hospi­tales y también a los cientos de miles de ­jóvenes que pueden ser escolarizados ­aunque formen parte del 20 por ciento de familias que se encuentran en el umbral de la pobreza.

Salí preocupado porque no estoy seguro de que se pueda mantener este ritmo de atención universal en sanidad y educación si no se dedican más recursos y si no se atienden las quejas y denuncias de los sindicatos de médicos, por ejemplo, que exponen sus críticas ante Inspección de Trabajo por no reducir la “sobrecarga crónica” que sufren el 96 por ciento de los médicos, según una encuesta practicada a 1.260 profesionales. Al margen de lo que digan los sondeos, es un hecho que la sanidad pública es más que aceptable gracias al esfuerzo sacrificado, responsable, de muchos profesionales que suplen los recortes que se han practicado desde la crisis del 2008.

La secretaria del sindicato Metges de Catalu­nya, Elena Bartolozzi, alerta: “La fatiga mental de la sobrecarga produce agotamiento, estrés, depresión, ansiedad y también tiene consecuencias para la población que atendemos. La más importante de ellas es la probabilidad de cometer errores médicos”. Los compromisos después de la huelga del 2018 no se han cumplido, según el sindicato. En todo caso, su aplicación es “lenta y desigual”. Una mitad aproximada del personal sanitario dice que ha disminuido la presión, pero los indicadores son preocupantes. El 52% de los centros no cubren bajas nunca. Se pierden profesionales que se jubilan o emigran. En el 2010 había 5.787 médicos de primaria y ahora hay 858 menos. Es un retroceso.

El Institut Català de la Salut ha sido un gran instrumento, pionero en muchos aspectos, desde que el conseller Xavier Trias lo puso en marcha. Ahora corre el riesgo de padecer un grave deterioro que sólo puede detenerse aplicando las partidas presupuestarias necesarias para mantener un servicio de calidad tan imprescindible.

Pero es inquietante que después de tantas elecciones y de tantos debates, de tanta tertulia superflua, de tantas promesas incumplidas, no se dedique más atención a las preocupaciones más perentorias de la sociedad. Una de las acusaciones que se hacen a Boris Johnson en la campaña electoral británica es que su alianza con Donald Trump tenga una derivada consistente en desmantelar todavía más el Servicio Nacional de Salud, que ha pasado de ser el pionero del Estado de bienestar al terminar la guerra a ser uno de los más deficientes de Europa.

Estamos aquí tan ocupados en convocar elecciones, en organizar sesiones de investidura, en formar gobiernos en funciones, que el debate social no cabe. No porque no importe, y mucho, a los ciu­dadanos, sino porque el discurso nacional pasa por en­cima de las necesidades ciudadanas. La escasa cobertura de los medios de las crecientes carencias en la sanidad pú­blica indica hasta qué punto el discurso político se aleja de la realidad. Pienso que es urgente tener unos presupuestos que prioricen la sanidad y la educación.

Si el Govern Torra es incapaz de presentarlos y aprobarlos, lo más prudente es convocar nuevas elecciones. Y una de las prioridades del gobierno que salga de los comicios del pasado 10 de noviembre ha de ser precisamente abandonar los discursos de la intransigencia para alcanzar pactos que permitan resolver las cuestiones que más preocupan a la mayoría. Los acuerdos para modificar las precariedades de un sistema que necesita reformas no podrán alcanzarse sin la compli­cidad de todas las fuerzas democráticas. Para ello es preciso que practiquen la generosidad todos los protagonistas. Los partidos se llaman partidos porque sólo ­representan una parte del todo.

Las crecientes carencias de la sanidad pública no interesan a una clase política que va a lo suyo

En este sentido, pienso que es imprescindible incluir en las reformas que son ­necesarias a la derecha del Partido Popular, porque sin ella los cambios serían tan ineficaces como efímeros. Los tiempos exigen altura de miras y magnanimidad.

Publicado en La Vanguardia el 27 de noviembre de 2018
 

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