Elecciones suspendidas que no aplazadas

Cuando un Parlament convoca unas elecciones por imperativo de la legalidad estatutaria no puede desconvocarlas un gobierno en funciones. Lo máximo que podría hacer sería suspender una votación, invocando una causa mayor, para celebrar los comicios convocados cuando el impedimento que ha motivado el aplazamiento no existiera.

Los tres artículos del decreto publicado por el DOG, fechado el 15 de enero, indican que las elecciones no se han aplazado sino que se han suspendido. Desde el momento en que el president del Parlament convocó los comicios, el gobierno estaba en funciones y los diputados ya no tenían la tarea de controlar al ejecutivo, una función que pasa automáticamente a la llamada Diputación Permanente según fija el Estatut al establecer que “cuando la legislatura ha finalizado, o la cámara ha sido disuelta, o en los períodos entre sesiones, en que el Pleno no se reúne, las funciones que tiene encomendadas son cumplidas por la Diputación Permanente, que se compone de veintitrés miembros, designados por los grupos parlamentarios”.

El propio estatuto del Parlament establece que “si en el procedimiento de investidura del presidente o presidenta de la Generalitat transcurren dos meses, a contar desde la primera votación de investidura, y ningún candidato o candidata obtiene la confianza del Parlamento, este debe disolverse y deben convocarse nuevas elecciones”.

En cualquier caso, según la normativa vigente, “el decreto de disolución debe establecer la convocatoria de nuevas elecciones, que han de celebrarse entre los cuarenta y los sesenta días siguientes a la fecha de publicación del decreto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.

Un gobierno interino, por lo tanto, ha dejado sin efecto la celebración de las elecciones convocadas el 21 de diciembre tras la disolución automática del Parlament.

La disposición publicada en el DOG da un salto en el artículo dos diciendo que las elecciones se convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo, “previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia”.

El gobierno presidido por un «vicepresidente del gobierno de la Generalitat en sustitución de la presidencia de la Generalitat», así consta en el DGO, Pere Aragonès, podría, por lo tanto, retrasar nuevamente las elecciones si así lo considera oportuno hasta agotar el plazo de cuatro años de legislatura que se cumplirían en diciembre de 2021.

¿Por qué es de legalidad dudosa esta convocatoria? Porque se deja en manos del gobierno en funciones una potestad que afecta a todos los catalanes. Del decreto se desprende que el gobierno ha quebrado el principio de legalidad sin tener atribuciones para ello.

El president Quim Torra dijo en enero que la legislatura se había acabado y que una vez aprobados los presupuestos convocaría elecciones. No lo hizo y su inhabilitación judicial le obligó a abandonar la presidencia de la Generalitat. Se aprobaron los presupuestos, se nombró un vicepresidente interino, se acabó la legislatura y el president del Parlament convocó las elecciones para el día 14 de febrero.

En Portugal habrá elecciones en dos semanas y en los Países Bajos, el 17 de marzo. En Galicia y en Euskadi se adelantaron los comicios cuando la pandemia estaba en activo. En Estados Unidos ocurrió lo mismo el 3 de noviembre. Las municipales francesas se celebraron en plena pandemia aunque la participación en la segunda vuelta descendiera a un 40 por ciento del censo. Desde que se desató la mortandad del coronavirus en marzo del año pasado se han celebrado más de 60 elecciones en el mundo.

Si no existe la seguridad para que todos los que quieran votar lo puedan hacer, el gobierno tiene las facultades y los medios para que todos puedan ejercer su derecho a votar. Lo más desconcertante del decreto es que no se aseguran las elecciones para el 30 de mayo sino cuando mejor convenga a una coalición de gobierno cuyos socios discrepan, además, cada día en cuestiones de forma y de fondo.

Se va a votar teniendo en cuenta los intereses de una de las partes y no del todo. Es un paso en falso muy peligroso que pone en entredicho la misma democracia en Catalunya. La incertidumbre es incompatible con la tranquilidad que necesita el país que no puede plantear una nueva crisis institucional con el Parlament disuelto y sin capacidad de control al gobierno. Los servicios jurídicos del Parlament y de la Generalitat supongo que tendrán algo que decir. Un país que no observa sus propias leyes está encaminado a la decadencia.

 

 

 

 

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