El derecho, garantía de convivencia

Las leyes se pueden abrogar o cambiar, pero no se pueden incumplir por la decisión unilateral de los gobiernos.

Se queja el editorialista de The Economist de que Boris Johnson trata con desdén los llamados controles y balances del sistema británico porque frenan al Ejecutivo para llevar a cabo acciones que rozan la ilegalidad o son impropias de un gobierno democrático. Parece como si el derecho y las reglas fueran para los perdedores. Los que ganan, como ocurrió con el Brexit o con Donald Trump, pueden permitirse mentir y alterar la verdad de los hechos.

La deriva de minusvalorar el derecho es la puerta de entrada de tics totalitarios que conviene denunciar antes de que se conviertan en un pensamiento generalmente aceptado. No es una casualidad que una de las debilidades del pensamiento marxista haya sido la subestimación del derecho, que era considerado a menudo como una mera subestructura o un formalismo conservador por naturaleza.

Los dos sistemas totalitarios del siglo pasado sobrepusieron la voluntad de un pueblo puro o la construcción del hombre nuevo al derecho de las minorías y a la primacía de leyes justas sobre acciones abusivas de los gobiernos. Escribe Claudio Magris que, durante la República de Weimar, los demócratas alemanes apelaban a las leyes positivas que castigaban las crecientes violencias antisemitas, mientras que juristas e intelectuales filonazis sostenían que esas mismas leyes no correspondían al sentir arraigado en el pueblo alemán. Pero durante el nazismo los que apelaban a las “leyes no escritas de los dioses”, remontándose a la Antígona de Sófocles, eran los que se oponían a Hitler en contra de las leyes raciales del régimen.

Al avanzar por el segundo volumen de la historia del nacimiento del fascismo y de la toma del poder de Mussolini, una obra extraordinaria de Antonio Scurati, El hombre de la providencia, se describe la masacre de Florencia en 1925 cuando Mussolini había autorizado que se eliminara a masones y comunistas utilizando cualquier medio, ya fuera el fuego purificador, los cristales rotos, la porra o el pistoletazo.

Leyendo la historia de los gulags de Anne Applebaum, premio Pulitzer del 2004, se descubre con horror el sufrimiento y la muerte de cientos de miles de rusos que fueron purgados o asesinados por orden de la estructura del terror organizada por Stalin.

Las leyes justas defienden a los más débiles y los protegen de los abusos de los poderosos. En este sentido es muy estimulante ver cómo las sentencias judiciales, por muy discutibles que sean y al margen de la biografía de los magistrados, se cumplen. Este principio ha prevalecido en las democracias liberales, aunque ahora parece estar en discusión o en crisis, precisamente en Gran Bretaña y en Estados Unidos, países en los que esta doctrina se ha aplicado históricamente con más rigor.

España ha aportado poco al derecho político internacional moderno. Precisamente por ello es de resaltar cómo la aceptación de las sentencias que han afectado a muchos altos representantes de gobiernos centrales y autonómicos, de prácticamente todos los colores, se han cumplido total o parcialmente. Las leyes se pueden abrogar o cambiar porque no son eternas, pero incumplir las vigentes es un despropósito que va contra la convivencia democrática.

Hay bastante corrupción en la política, ciertamente, pero es reconfortante comprobar cómo los delitos de corrupción son perseguidos y juzgados, con las garantías jurídicas pertinentes. Hemos visto a varios ministros en la cárcel durante meses y años. Los casos que afectan al PP todavía no están cerrados. El Gobierno Sánchez ha tenido que cambiar en pocos días la ley de las plusvalías tras una sentencia adversa del Tribunal Constitucional.

Cualquier sentencia o directiva europea es también de obligado cumplimiento porque sabemos que si llegáramos a quedar fuera del circuito jurídico y político de la Unión Europea volveríamos a las andadas. Somos europeístas, como los alemanes, porque la alternativa es demasiado inquietante. Por eso es tan preocupante la posición de Polonia y Hungría desafiando las leyes europeas que se habían comprometido a cumplir.

La ley no es un instrumento de venganza, sino un simple restablecimiento del derecho de cuya observancia depende la libertad de todos.

Publicado en La Vanguardia el 10 de noviembre de 2021

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