Casi 200.000 españoles están pendientes de cobrar el subsidio de dependencia (Foto: Jordi Play)
Una de las características de la salud democrática de un país es que las instituciones cumplan sus funciones. Un amigo notario suele decir que las tres funciones básicas de un Estado son la de administrar justicia, recaudar impuestos y garantizar el orden público. Estas tres categorías tienen muchas derivadas. Se podrían añadir dos no menores, como que las leyes se cumplan y los presupuestos se ejecuten.
Karl Marx catalogó a España como el país de Europa que aprobaba más leyes pero también en el que menos se cumplían. Es conocida la sentencia de un ministro de la Restauración, que dijo que “para los amigos, el perdón; para los enemigos, basta con la ley”. La ley no es un capricho.
Ayer se publicaba en este diario que casi 200.000 españoles están pendientes de cobrar el subsidio de dependencia y que otros 125.000 están en una lista de espera de un año para ser valorados. Catalunya es la comunidad con la lista de espera más larga de personas dependientes que, a pesar de tener reconocido el derecho a una asistencia, no la reciben. Un total de 71.017 personas, un 28,2%, más del doble de la media española, que se sitúa en el 12,7%.
La ley de Dependencia la aprobó el Gobierno Zapatero en el 2006 y ha sido un gran alivio para miles de personas que han recibido del Estado ayudas necesarias para sobrevivir. Pero las leyes tienen que disponer de recursos humanos y económicos para ser eficaces. No basta con aprobarlas.
Es una anomalía, por no decir una irresponsabilidad, que en los presupuestos generales del Estado del 2021 solo se haya ejecutado un 35,7% de las partidas asignadas en Catalunya. Las explicaciones ofrecidas por el Gobierno y por la Generalitat no abordan el núcleo del problema y se sacuden las culpas diciendo que el incumplimiento es del Estado y a su vez que la Generalitat no ha hecho los deberes cumpliendo los requisitos burocráticos previstos.
Esta disfuncionalidad no puede despacharse con discursos retóricos sin explicar las causas de lo que cabe calificar como grave ineficacia política. Las administraciones han de velar para que la ley se cumpla. Pero no para entorpecer su ejecución con abultados aparatos funcionariales sino para facilitar el flujo rápido de los recursos previstos y presupuestados. Puede ser desidia.
Publicado en La Vanguardia el 28 de octubre de 2022
Ayer en eldiario.es se publicó una noticia que mostraba el gasto de cada CCAA en servicios sociales. De modo global las dos que menos invertían por persona eran Catalunya y en la cola Madrid. Sin embargo, Euskadi y Navarra eran las que mas invertían. Cerca de ellas Asturias, Castilla y León entre otras.
Un estado además de cobrar impuestos debe administrar nuestro dinero con diligencia. La construcción de numerosas líneas ruinosas de AVE ha detraido mucho dinero para otros gastos más necesarios. Es un ejemplo.
Estoy de acuerdo.
A la élite de privilegiados y a la idem de los multimillonarios, ni se enteran, ni les importa, ni les afecta.
NO COMMENT