Las manifestaciones violentas frente a la sede del partido socialista en Madrid es inaceptable en un sistema democrático.
Cuando la calle es el escenario airado y tumultuoso para dar respuesta a los intereses y las preocupaciones ciudadanas es que las instituciones han sido desbordadas por los acontecimientos. Las protestas son propias de sociedades libres y expresan el malestar de sectores minoritarios o mayoritarios frente a los distintos poderes del Estado, exigiendo respuestas a problemas derivados de leyes y actuaciones concretas.
Son muchas las causas por las que hemos llegado a la tensión que se vive en las democracias occidentales, en las que se aprecia una clara crisis de liderazgo con dimensiones éticas. Una de ellas es haber entregado a la calle el protagonismo que las instituciones no han podido o no han querido ejercer. La política, decía De Gaulle, se hace en las instituciones y no en las manifestaciones. La calle puede convertirse en el respiradero de la vida colectiva en momentos de grandes crisis, pero no es el ágora política adecuada para resolver lo que más preocupa a las gentes.
Lo que está en juego hoy no es la anunciada ley de amnistía que debería normalizar la política en Catalunya y en España, borrando los efectos penales de los hechos de septiembre y octubre del 2017. Lo más relevante es la debilidad de los tres bloques heterogéneos que han configurado la política española desde que Pedro Sánchez es presidente.
Teóricamente son dos los bloques, la izquierda y la derecha, que son incapaces de llegar a acuerdos marco manteniendo sus políticas contrapuestas estando en el gobierno o en la oposición. La cuestión está en que ni el PSOE ni el PP tienen fuerza suficiente para formar las mayorías necesarias para obtener una investidura. Los populares consiguieron 137 escaños y los socialistas 121. A Núñez Feijóo no le alcanzaron los 33 de Santiago Abascal ni a Pedro Sánchez los 31 de Yolanda Díaz.
Aparece entonces el tercer bloque, formado por una mezcla heterogénea de partidos independentistas, nacionalistas y regionalistas que se han comprometido a investir a Pedro Sánchez si atiende las exigencias de unos compañeros de viaje accidentales, que tienen sus prioridades y las ponen encima de la mesa de negociaciones. Ninguno de estos tres bloques tiene autonomía suficiente para gobernar. Se necesitan y a la vez se detestan mutuamente.
La paradoja de que Carles Puigdemont, fugado de la justicia española pero eurodiputado con más de un millón de votos, sea la piedra angular para que Junts entregue la presidencia a Pedro Sánchez constituye el epicentro de todas las contradicciones, al elevar los precios de la subasta institucional que Puigdemont aproveche para pedir la amnistía, que equivale a que el Estado reconozca que el gobierno Rajoy, el propio Sánchez, los jueces, el Rey y las leyes vigentes se equivocaron al aplicar el 155.
Mark Twain le sugiere a Tom Sawyer en sus viajes por el Misisipi que pregunte qué les pasa a las naciones grandes cuando se equivocan. La respuesta es nada. El Estado se puede equivocar y puede ser injusto. Pero digiere muy mal la humillación. El problema es que la tramitación de la amnistía no viene sola sino que irá acompañada de peticiones al alza después de haber firmado el pacto de investidura. Una gran mayoría de españoles, incluidos un 12% de militantes socialistas y sospecho que muchos más votantes de izquierda, no suscriben esta estrategia de Pedro Sánchez.
De ahí el temor fundado de la izquierda a precipitar nuevas elecciones que muy posiblemente beneficiarían a Núñez Feijóo y en menor medida a Vox. Ni Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont saldrían bien parados de unos comicios inmediatos. El miedo a someterse a las urnas ahora hace prácticamente inevitable el pacto de legislatura para investir a Pedro Sánchez.
En este contexto, el Partido Popular no sabe esperar ni tiene en cuenta la importancia de los tempos en política. Trasladar a las calles de todas las capitales españolas protestas contra el proceder de Sánchez es desaprovechar la enorme fuerza que los populares tienen en el Senado, en los gobiernos de once comunidades autónomas, en decenas de diputaciones y en centenares de ayuntamientos. Gobiernen y gestionen. Cuando se calienta mucho la calle se enfrían las instituciones. Harold Macmillan decía que la esencia de la política es el timing, el hacer las cosas a su tiempo, ni antes ni después. Más política y menos bulla.
Publicado en La Vanguardia el 8 de noviembre de 2023
Salvar el culin a Alay, Borras y Boye ha sido uno de los flecos finales en Bruselas.
En Madrid han tiroteado a Alejo Vidal.
Pais sin ley.
«Aqui no puede pasar» que no? pues ja ho tenim.
Las manifestaciones son a veces, como bien dice Sr. Foix, expresión de que las instituciones democráticas no pueden encauzar un gran conflicto. Pero en el caso que nos ocupa creo que es la impotencia de dos partidos (PP y Vox) para impedir algo que les parece grave, o les interesa para intentar romper un posible pacto y así tener una nueva oportunidad al forzarse nuevas elecciones. Creo que nuestra democracia no es del todo perfecta, o se debería mejorar, en el sentido de que una ley tan excepcional como va a ser la de la futura amnistía, debería aprobarse con un gran consenso político. Si el PP actúa así supongo que es porque sabe que se puede aprobar sin ese consenso.