El debate político en España no logra abandonar la endémica tensión entre el centro y la periferia. No se acaba de entender que el Estado autonómico sea algo más que una cesión de competencias a todas o parte de las comunidades autónomas. Es cierto que todavía no disponemos de un estado federal como en Alemania, donde las máximas instituciones financieras se encuentran en Frankfurt, el Tribunal Constitucional en Karlsruhe y el Parlamento y el Gobierno en Berlín.
Un diputado conservador británico, hispanista, me decía el otro día que somos un Estado inacabado, un “unfinished country”, que desde hace siglos discute, corrige y redefine la organización territorial y política de España dando saltos desde una centralización jacobina a una vertebración en la que desde la periferia se participe muy directamente en la gestión de las instituciones del Estado.
El señor Carlos Bustelo dimitió ayer como presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por no aceptar el traslado de la sede central a Barcelona. Bustelo argumentó su posición diciendo que se trataba de una deportación y que el traslado respondía a una decisión política. No se me ocurre cómo se podía haber realizado este cambio de sede sin una decisión política. No quiero maliciar las intenciones por las que Carlos Bustelo aportó el concepto de deportación. Me atrevo a deducir que no era sólo por el traslado forzoso sino por considerar que fuera de Madrid no pueden existir instituciones que afecten al conjunto de los españoles.
La posibilidad de una concentración energética en manos de una empresa catalana ha levantado todas las sospechas aduciendo que no se puede dejar en manos catalanas el control de toda la energía del país. No acabo de entender el argumento si los que lo formulan son los que hablan con tanta autoridad sobre la unidad nacional.
El uso de las lenguas españolas, al margen de la castellana que es la principal, la más extendida y hablada en todo el territorio, ha planteado un agrio debate entre el presidente del Congreso y los grupos nacionalistas, muy especialmente Esquerra Republicana. No sé si autorizar el uso de la lengua catalana, gallega y vasca en el Congreso va a facilitar el debate en la Cámara.
Hay fórmulas para modelar su uso pero lo que me parece improcedente es negar la posibilidad de utilizar esas lenguas habladas por unos cuantos millones de ciudadanos españoles. La redacción de nuevos estatutos y la publicación de las balanzas fiscales no es un atentado a la unidad de España. Es fortalecerla desde la diversidad.
