El fiscal Pedro Rubira ha sido audaz en el informe final de conclusiones sobre los 24 acusados de integrar la célula de Al Qaeda que fue desarticulada en España tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Ha pedido a la Audiencia Nacional una «sentencia ejemplar» porque se trata de un juicio que «no sólo afectará a España sino al mundo, que os contemplará cuando dictéis sentencia».
No soy partidario de las sentencias ejemplares. Me conformo con la aplicación de la ley. Tampoco encuentro pertinentes las valoraciones del fiscal Rubira sobre las distintas formas de luchar contra el terrorismo. Se refería a los campos de detención como la base militar norteamericana de Guantánamo. Lo que hay que hacer, dijo, es juicios de este tipo en los que el Estado de Derecho se fortalece.
Me produce una gran repulsión jurídica, política y humana lo que ocurre en la base militar de Guantánamo. El presidente Bush no ha tenido en cuenta las convenciones de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra que Estados Unidos han firmado. Ha abusado de su fuerza y ha provocado una ola de indignación en la comunidad musulmana mundial. Los presos han sido tratados indignamente. Muy mal y muy deprimente.
Pero el fiscal Rubira tendría que reservarse sus juicios al terminar las conclusiones del caso que afecta a la red de terroristas conectados con Al Qaeda desde España. Que pida la aplicación de la ley, en el grado máximo si así lo considera, pero que se ahorre valoraciones internacionales.
Para esto ya están los políticos, la opinión pública y los agentes sociales. Un fiscal debe limitarse a la valoración penal de los delitos que se juzgan. Así son las reglas del Estado de Derecho.
