La inmigración ha aterrizado finalmente en el debate político en nuestro país, en toda la Unión Europea y también en Estados Unidos. Las circunstancias son distintas en cada sitio pero el denominador común es la dificultad de manejar social y políticamente la llegada inesperda y masiva de cientos de miles de personas que parten hacia un horizonte vital más digno sin saber lo que arriesgan y los problemas que crean en las tierras de acogida.
Cuando se producen estos trasiegos humanos masivos, en estos momentos hay en el mundo doscientos millones de ciudadanos huídos de su patria, no es un problema local o regional sino un signo de inestabilidad global que genera inseguridad en los puntos de salida y de llegada.
En España se han aprobado varias leyes de inmigración y se han regularizado a cientos de miles de ilegales. Y a pesar de ello la marea de extranjeros sigue arrojando de forma vergonzante a miles de subsaharianos en las playas canarias y por las fronteras terrestres y aeropuertuarias se cuelan a diario centenares de clandestinos que se convierten en ilegales.
La primera obligación de los gobiernos es controlar las fronteras del estado. Tienen la facultad y deben disponer de los medios. Ni este ni el anterior presidente lo han sabido hacer. ¿Qué gobierno puede repatriar a medio millón de ilegales? Es imposible. Lo que sí podía haber hecho es impedir que llegaran estableciendo cotas y garantizando una inmigración ordenada. Ya era hora que la Unión Europea se diera cuenta de que las fronteras españolas son también las europeas.
No se ha cumplido con este requisito indispensable y tampoco se ha hecho la suficiente pedagogía para trasladar a los recién llegados que pueden gozar de todos los derechos pero tienen también que cumplir los mismos deberes que nosotros. Una sociedad que tiene en su seno a cientos de miles de ciudadanos indocumentados, ilegales, corre el riesgo de que se disparen todas las alarmas de la inseguridad y que el miedo se apodere de las gentes como se ha demostrado en las comarcas tarraconenses en los últimos días.
Ni éste ni el anterior gobierno han actuado con responsabilidad en gestionar el fenómeno inmigratorio. Lo más inquietante está por llegar. Tienen los derechos sociales y pedirán los políticos. Surgirá la xenofobia y nacerán partidos extremos. Si se hubiera actuado responsablemente a tiempo se podría haber desactivado la bomba de relojería que tenemos en las manos. Ojalá no sea demasiado tarde
