La España de siempre, las dos Españas irreconciliables, se vuelven a encontrar. Una habla en la calle. La otra en el Parlamento. Hace tres años ocurría lo contrario. La derecha se sentía segura en el Congreso y no dominaba la calle que la ocupaba la izquierda con ocasión de la impopular guerra de Iraq.
Estas dos Españas se pelean ahora sobre dos cuestiones de gran calado: la de terminar con la violencia de ETA y cómo organizar territorialmente el Estado. A juzgar por la multitudinaria manifestación del sábado en Madrid, media España no quiere negociar con ETA y saca las víctimas del terrorismo para castigar al gobierno Zapatero.
Eran muchos los que se manifestaron en Madrid. Pero no eran todos. Ni siquiera eran mayoría. Digan lo que digan los que promueven estas manifestaciones, son más numerosos los españoles que quieren un futuro sin violencia que los que se aferran al pasado para impedir que se llegue a un acuerdo definitivo.
Mezclar las víctimas del terrorismo, la paz con ETA y la política general de Zapatero no es muy lógico. No todas las víctimas de la violencia etarra están representadas en la organización que lidera Francisco José Alcaraz. Conozco a muchas víctimas que no comparten sus criterios. ETA hace tres años que no ha asesinado a nadie y se compromete a no volver a matar si el proceso sigue su curso aunque sea a trompicones.
Zapatero sigue su política a pesar de todo y de todos. Hay que esperar para comprobar si su apuesta ha sido correcta o nefasta. Pero si todos los gobiernos desde Suárez han intentado negociar con ETA, él también lo está intentando. La pelota, por curioso que pueda parecer, está en el campo de los violentos.
El Estado les tiende la mano. Sin vulnerar la ley. Una de las prioridades de Zapatero debería ser la recuperación de la legalidad democrática por parte de Batasuna. la Ley de Partidos habría que derogarla. Lo que no se puede es actuar al margen o contraviniendo una ley que está en vigor.
Respecto al proceso estatutario, la situación ya ha exacerbado suficientemente a la opinión pública española. Pero estamos a una semana del referéndum en Cataluña y todo parece indicar que la mayoría de catalanes que voten se pronunciará a favor del Sï al Estatut.
Luego vendrá Andalucía, Valencia y cuantas comunidades autónomas lo decidan. Paradójicamente, la fórmula catalana será finalmente copiada por cuantos territorios quieran modificar su estatuto. Esto incomodará a muchos catalanes que no aceptan el «café para todos», pero es lo que seguramente va a ocurrir.
La España federal, en cualquier caso, es la que se perfila en el horizonte. Es la única posible si se quiere mantener la unidad nacional española sin que haya rupturas irremediables. En definitiva, se trata de construir un Estado, una España, en la que todos nos sintamos a gusto, con nuestras diferencias culturales, históricas, políticas y económicas. La palabra independencia habría que sustituirla por interdependencia.
Que Zapatero no se envalentone. Eso va para largo, muy largo. En el fondo de todo el problema está en la concentración del poder en la capital de España, Madrid, que no lo quiere ceder ni total ni parcialmente. Éste es el debate en el que dos Españas, la que hiela el corazón, y la España de la racionalidad posible se baten como en las guerras dinásticas del siglo antepasado.
