Cuando la sangre ha corrido en demasía en una sociedad, cuando se ha hecho política utilizando el terrorismo, cuando las palabras perdón, comprensión y respeto se escuchan menos que las de razón patriótica, conspiraciones de unos y otros, ajuste de cuentas, cuando se pretende entrar en un proceso de pacificación sin tener muy en cuenta las heridas sociales y personales causadas por los que han matado en nombre de una causa política, cuando ocurre todo esto es ingenuo pensar que la paz es cuestión de una iniciativa política de un gobierno.
Transcurrirá más de una generación hasta que el daño causado en la sociedad vasca y española quede sepultado en el olvido.
El problema no es el protagonismo que ha alcanzado el juez Grande Marlaska al que se le pide que escuche las voces de los nuevos tiempos interpretando la ley con prudencia y generosidad. Tampoco que el presidente Zapatero anuncie en la solemnidad de una declaración parlamentaria que se abre el proceso para negociar con ETA.
Hay un elemento muy positivo en el encrespado debate en curso. Los terroristas hace tres años que no han matado y han anunciado una tregua permanente que podría convertirse en definitiva si las negociaciones finalmente arrancan.
Se pide a la sociedad vasca y española que miren al futuro y que entierren sus dolores y sus odios porque la paz es un bien muy superior a los rencores que la historia no olvida porque han existido. El problema es que no se puede poner el contador a cero y pretender que nada de lo que ha ocurrido puede truncar la voluntad política de unos y otros para acabar con el conflicto.
Me cuentan los que conocen muy bien a la sociedad vasca que no hay líneas claras que delimiten los entornos democráticos y violentos. Hay divisiones muy profundas en las familias, en los pueblos, en los territorios de Euskadi, en Navarra y en el territorio vasco de Francia. Y hay otras líneas muy sutiles en las que el nacionalismo vasco no siempre ha actuado para que la ley se respetara.
Es cierto que para desgastar al gobierno Zapatero, la oposición utiliza su influencia en los medios, en el poder judicial y en el propio juego político. Pero Zapatero ha de saber que su iniciativa sólo podrá progresar si se desarrolla dentro del marco jurídico vigente. A no ser que cambie las leyes para que los jueces no tengan que mirar hacia otra parte cuando tienen evidencias de que el ordenamiento jurídico se ha vulnerado. El Estado puede ser generoso. Pero no puede perder.
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